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Incluso en estos tiempos de dificultades económicas, algunos distritos escolares de la región gastan miles de dólares provenientes de los contribuyentes para librar batallas legales contra padres de estudiantes con necesidades especiales.

"Sabíamos de lo que era capaz de hacer en casa y, sin embargo, nos decían que en la escuela ocurría algo diferente", afirmó Bill Steinhoff, cuyo hijo de cinco años tiene autismo.

Steinhoff y su esposa, ambos maestros, explicaron que solicitaron al Distrito Escolar Independiente de Clear Creek (Clear Creek ISD) documentación que demostrara el progreso que, según los maestros, su hijo estaba logrando. Cuando los administradores de educación especial rechazaron esa solicitud, los Steinhoff contrataron a un abogado para impugnar la decisión del distrito en una audiencia legal.

"Las escuelas cuentan con una fuente de recursos prácticamente ilimitada para enfrentarse a estos padres", señaló Doreen Philpot, abogada que representa a padres de estudiantes con necesidades especiales.

Según datos obtenidos mediante solicitudes de información pública, los distritos escolares han gastado cientos de miles de dólares en estas disputas legales.

Levi Lunsford, de 16 años, tiene síndrome de Asperger, y esta forma de autismo dificulta enormemente la interacción social.

"Tortura". Esa es la palabra que Levi utiliza para describir los últimos cinco años que pasó en el Distrito Escolar Independiente de Tarkington.

El síndrome de Asperger hace que Levi tenga una gran sensibilidad al contacto físico. "Un grupo de estudiantes empezó a darme golpecitos en las orejas", contó Levi. Sus padres afirman que la reacción que él tenía ante esas acciones provocó que el acoso se intensificara.

La agresión llevó a Levi al hospital y a otro estudiante a la cárcel. Los padres de Levi presentaron una queja ante la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency), sosteniendo que Tarkington ISD "no logró detener el acoso escolar contra este estudiante y permitió que continuara durante varios años escolares".

Levi ya no asiste a Tarkington ISD, pero sus padres esperan que las medidas que han tomado ayuden a otras víctimas de acoso escolar en el futuro.

HOUSTON — Represalias. Kelly Davis cree que esa es la razón por la que Fort Bend County ISD intenta negar a su hijo, quien tiene necesidades especiales, los servicios que ella solicitó.

En 2006, Davis informó a Fox 26 News que, pocas horas después de decidir apelar ante el estado la negativa de servicios para su hijo, el distrito escolar puso fin a su contrato como terapeuta de estudiantes con necesidades especiales.

En lugar de llegar a un acuerdo, el distrito ha mantenido una batalla legal durante dos años y medio con recursos provenientes de los contribuyentes.

Louis Geigerman, defensor educativo, calcula que el costo supera los $100,000. "Si yo fuera contribuyente, llamaría al superintendente y a todos los miembros de la junta directiva para expresar mi indignación por la forma en que están gastando los impuestos de la comunidad", afirmó Geigerman.

Comencé mi labor como defensor educativo al ayudar a un familiar con una discapacidad en 1995. A lo largo de los años, he participado en numerosas capacitaciones sobre legislación de educación especial impartidas por COPAA, The Arc, Advocacy Inc. y la Learning Disabilities Association of Texas.

Además, completé una capacitación en mediación aprobada por el Estado de Texas y obtuve la certificación como funcionario de audiencias de la Sección 504.

Si Louise Baker, madre de Friendswood, dispusiera de dinero adicional, lo invertiría en tutorías para su hijo con dislexia y no en honorarios legales para enfrentarse a su distrito escolar en busca de apoyos adicionales.

Aunque considera que tendría un caso sólido, Baker, al igual que la mayoría de los padres de los 500,000 estudiantes que reciben servicios de educación especial en Texas, no puede costear los servicios de un abogado para enfrentarse a un sistema escolar.

Los padres de los aproximadamente 20,000 estudiantes con autismo en Texas esperan que los cambios recientes en la legislación estatal resuelvan una de las áreas más controvertidas de la educación especial al establecer con claridad los factores que deben considerarse para sus hijos.